El TLC con Estados Unidos fue firma do por el gobierno colombiano, aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional desde 2006. Sin embargo, aún no ha sido aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. A ello ha contribuido, sin duda alguna, las contradicciones en la agenda política interna norteamericana y la lucha y denuncia permanente que hemos sostenido sobre la continua violación de los derechos humanos y sindi cales en Colombia. La Constitución Política consagra 85 artículos a los derechos de las personas, algunos de ellos definidos como fundamentales, tal como el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad personal, a la autonomía, a la igualdad, al principio de legalidad, el derecho a la defensa, la libertad y la seguridad; a la intimidad, a las libertades de expresión, asociación, reunión y con ciencia, entre otros. Si para el procurador general, Alejandro Ordóñez, el incumplimiento de las normas sobre financiación y montos máximos de contribuciones privadas en la recolección de firmas para el referendo reeleccionista no constituye una irregularidad mayor y sólo tiene incidencia de orden personal y administrativo, para el magistrado de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto –ponente del estudio sobre la exequibilidad de la ley que convoca la iniciativa popular– la certificación del registrador nacional del Estado Civil sobre el cumplimiento de dichas normas era absolutamente necesaria para iniciar el trámite del proyecto en el Congreso.